Consideramos que para lograr los objetivos señalados, se hace prioritario mejorar el acceso a fármacos antidiabéticos no insulínicos en el sistema público de salud, que de acuerdo a la última evidencia científica disponible, cuentan con comprobada seguridad cardiovascular y que además han demostrado beneficios disminuyendo los desenlaces adversos cardiovasculares y la progresión del daño renal e ingreso a diálisis en pacientes con diabetes.

Considerando estas evidencias, estos antidiabéticos de nueva generación ya son ampliamente utilizados en la salud privada, generándose así una tremenda brecha con respecto al arsenal usado en el sistema público de atención, lo que constituye una inequidad que nos parece muy necesario reducir.

A continuación compartimos también la respuesta de la Subsecretaria Paula Daza, quien nos invitó a participar en las reuniones de trabajo a fines de junio: